La protesta magisterial: distintos escenarios y pocas soluciones.

Después de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el día de ayer el Ejecutivo Federal promulgó la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia de educación. Como era previsible, durante la semana pasada continuó en la Ciudad de México la movilización de la CNTE y su protesta fue contenida por la acción coordinada de las policías federal y metropolitana, aunque no pudieron impedir el bloqueo de vialidades primarias e inclusive, el bloqueo del acceso del principal acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Lo que no era tan predecible es que la movilización de la CNTE persistiera durante la semana en curso sin que existan, hasta el día de hoy, indicios claros acerca de la fecha de su terminación y del regreso de los militantes de la Coordinadora a sus Estados de origen, mayoritariamente Oaxaca.

Habría que destacar que la estrategia de diálogo, aunque se trate de uno de sordos, instrumentada por la Secretaria de Gobernación parecía tener como objetivo primordial la desactivación de la protesta en la capital de la República. Por eso, el acuerdo entre las autoridades de esa dependencia  y la Sección 22 de instalar distintas mesas de diálogo y negociación para atender demandas propias del magisterio de Oaxaca se alcanzó el día del bloqueo del aeropuerto. Seguramente se pensó que tal acuerdo, aunado al compromiso del pago de la segunda quincena de agosto y del “bono de inicio de clases” cuando los maestros de la Sección 22 retornaran su labor docente y convinieran un programa para la reposición de los días de enseñanza perdidos bastaría para provocar el regreso de los maestros oaxaqueños y la “liberación” del Zócalo capitalino.

Empero, hasta ahora no ha ocurrido así, puesto que “las bases” rechazaron el acuerdo y abuchearon a la dirigencia seccional. Al hacerlo, adujeron, con estricta lógica, que su demanda no era estatal sino nacional: el repudio a la reforma constitucional en materia de educación. Además, se han visto alentadas por las movilizaciones magisteriales que han tenido lugar en casi la mitad de las entidades de la Federación, en muchas de las cuales la Coordinadora nunca había tenido presencia significativa.

Este escenario ahora es incierto. El resultado de la marcha nacional, convocada para el día de hoy contribuirá, sin duda, a definirlo, como lo hará, igualmente, el vencimiento cada vez más próximo de un plazo casi fatal: el sábado 14, cuando, a más tardar, los maestros de la CNTE tendrían que desalojar el Zócalo, a fin de permitir la celebración de la ceremonia de El Grito y, al día siguiente, la realización del tradicional desfile militar.

En principio, lo más probable es que los maestros se retiren del Zócalo antes del sábado y que regresen a sus respectivos Estados. Intentar permanecer en las puertas de Palacio Nacional significaría asumir el riesgo, quizá inexorable, de un desalojo violento, puesto que, a los ojos del gobierno, se trataría de una provocación inaceptable. Por ello, es poco probable que los maestros decidieran trasladarse a otro lugar de la ciudad, al menos temporalmente, y que puedan mantenerse en el Distrito Federal por mucho más tiempo; económicamente la propuesta actual estaría llegando a su límite. Así, podría preverse que en los próximos días la capital dejará de ser el teatro principal de las protestas.

El conflicto, sin embargo, está muy lejos de ser resuelto, y las movilizaciones de los maestros seguramente se seguirán produciendo en muy distintos lugares del país, sin que pueda excluirse, además, que en algunas semanas o meses se vuelvan a presentar en la capital de la República. La protesta magisterial contra la reforma educativa  es, por si misma e independientemente de su eventual vinculación con otros movimientos sociales que rechazan las llamadas “reformas estructurales”, un grave problema nacional, cuya evolución, a estas alturas, es muy difícil predecir.

De lo que no hay duda es que, en los esquemas de descentralización educativa vigentes, en ciertos estados de la República algunas de las medidas previstas en la reforma educativa son, simplemente, de imposible aplicación. Piénsese, por ejemplo, en que se pretenda obligar el próximo año a los maestros de Oaxaca a someterse a exámenes de evaluación diseñados por el Instituto Nacional correspondiente. El  gobierno estatal, por sí solo, no tendría los medios para imponer esas evaluaciones y hacer frente a las protestas que acarrearía.

Por ello, seguramente, el paquete fiscal presentado al Congreso por el Ejecutivo Federal, específicamente en lo que hace a la Ley de Coordinación Fiscal,  pretende regresar a un sistema centralizado para el pago de la nómina magisterial.

Veremos que ocurre. 

Y AHORA, ¿QUE HACER?

Desde la campaña electoral, y a lo largo del periodo de transición, el Presidente Peña Nieto y sus hombres de confianza señalaron con claridad las líneas estratégicas de su gobierno. Se trataba, como objetivo prioritario, de impulsar un mayor crecimiento económico, de promover tasas de crecimiento del producto superiores al mediocre promedio de los últimos años, eventualmente mayores al 5% anual.  Para ello, en una economía cuyo dinamismo depende fundamentalmente del sector exportador y, en consecuencia, de la inversión extranjera, la apertura de la industria petrolera a la participación privada y, en particular las reformas jurídicas que permitirían la inversión de las grandes compañías transnacionales en la exploración y explotación de hidrocarburos, desempeñarían un papel esencial.

Los lineamientos estratégicos que adoptó el actual gobierno son indudablemente susceptibles de cuestionamientos válidos. Puede argumentarse, con razones de peso, sobre la prioridad que debió otorgarse a objetivos que quizá revestían mayor urgencia, como por ejemplo, el de reconstituir las capacidades del Estado de hacer valer el imperio de la ley, objetivo que implicaba, y todavía implica, un amplio programa de reformas y medidas legislativas y administrativas, algunas de la mayor significación política, de las cuales apenas unas cuantas, y de manera tímida se han comenzado a adoptar.

Se puede poner en duda, asimismo, la viabilidad de las metas económicas propuestas en un entorno internacional de bajo crecimiento, desaceleración, estancamiento o franca recesión, como el que ahora nos rodea y del cual, desde hace meses, se anunciaban señales inequívocas que tal vez no fueron debidamente valoradas.

Por último, también es debatible el potencial de la reforma energética iniciada por el Ejecutivo Federal para generar los niveles de inversión de que se habla como lo es, igualmente, su conveniencia en un horizonte de largo plazo que atienda a los intereses de las futuras generaciones de mexicanos.

Empero, de lo que no cabe duda es que los márgenes de acción de que dispone el actual gobierno federal para adoptar distintos lineamientos estratégicos son prácticamente nulos. Lo son en virtud de la imagen, la imagen del “momento mexicano”,  que ha procurado proyectar, de los compromisos implícitos que ha asumido con los grandes inversionistas nacionales y extranjeros y, finalmente, de sus mismos esquemas de pensamiento. Así, conforme a sus propias líneas de acción política el éxito o el fracaso del gobierno dependen, en definitiva, de la aprobación de la reforma energética.

La reforma constitucional que ha propuesto el Ejecutivo Federal no es la que hubieran deseado los grandes inversionistas. Para ellos, un régimen de concesiones o, al menos, la posibilidad de celebrar contratos de producción compartida hubieran resultado mucho más atractivos. Sin embargo, conscientes de la arraigada resistencia mexicana a la apertura en materia petrolera, en principio, la han recibido con interés. De igual modo, el Ejecutivo Federal propuso una reforma relativamente modesta puesto que no ignora el rechazo de amplios sectores de la opinión pública a la autorización de la participación privada en la exploración y explotación de los hidrocarburos, aunque la táctica adoptada, de pretender legitimar la reforma a través de la figura del General Cárdenas, en última instancia, quizá ha sido contraproducente.

El hecho es que al momento de su presentación y pese a las movilizaciones sociales que en su contra se han anunciado, movilizaciones a las que ahora llaman inclusive las voces más moderadas e institucionales de la izquierda, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, la iniciativa parecía contar con amplias oportunidades de ser aprobada, puesto que la mayoría calificada requerida para ello en las Cámaras del Congreso de la Unión podría reunirse con el voto de los legisladores del PRI, del Partido Verde y del PAN, salvo que los diputados y senadores de este último partido condicionen la reforma energética a una reforma político-electoral que, en algunas de sus versiones, deformaría sustancialmente nuestro régimen presidencial y, a la vez, carecería de las prácticas que un régimen parlamentario conducen a la formación de gobiernos con efectiva capacidad de gobernar.

No obstante ello, la protesta magisterial que en estos días se expresa en la Ciudad de México ha modificado sustancialmente ese escenario.

La movilización de la CNTE ha significado, finalmente, un serio desafío a la gobernabilidad, entendida como la condición que propicia que los mandatos de la autoridad procesados conforme a los procedimientos y por los órganos previstos en el ordenamiento jurídico, sean acatados por los gobernados aún cuando algunos de ellos no hayan estado de acuerdo con su formulación. Frente a la intensidad de las protestas, que deriva del elevado número de quienes en ella participan y de su alto nivel de organización, el Estado se ha mostrado, hasta ahora, incapaz de impedir los daños causados por las movilizaciones a la sociedad capitalina, por el colapso de las vialidades urbanas y la consecuente afectación de la actividad económica, y de asegurar el pleno funcionamiento de instalaciones estratégicas, como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las sedes del Congreso Federal, aún cuando, hay que reconocerlo, no se han producido todavía actos vandálicos similares a los perpetrados en Chilpancingo, en abril pasado, por militantes de la Coordinadora.

Por eso, pretender debatir y, en su caso, aprobar la reforma energética sin haber desactivado previamente las movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México, supondría asumir un riesgo mayor de ingobernabilidad, más grave todavía, si como se espera, se presenta también una iniciativa de reforma fiscal con modificaciones sustantivas al régimen del IVA y, por ello, inevitablemente impopular. En ese escenario el movimiento magisterial galvanizaría a los grupos inconformes y constituiría la punta de lanza de la protesta social.

Sin embargo, para el gobierno y el partido mayoritario posponer el debate de la reforma energética más allá del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión no resulta una alternativa conveniente. En su perspectiva, el drástico descenso de las expectativas de crecimiento económico para 2013 confiere a su aprobación una mayor urgencia. Además, de manera también inevitable, el capital político de que dispondrán el próximo año será menor al actual y, correlativamente, el precio del eventual apoyo del PAN será mayor. En consecuencia, no parecen tener otro camino que el de desactivar en el muy corto plazo la protesta magisterial.

Para ello, la vía de la negociación no parece viable. A estas alturas del conflicto y si se atiende sólo a los contenidos propios de la reforma educativa, para desmovilizar las protestas no bastaría una concesión extrema, imposible en términos de opinión pública, como sería la no aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente. No es dable, asimismo, ignorar que hay núcleos radicales en la CNTE para los cuales lo verdaderamente importante, más allá de la defensa de los privilegios de la organización y sus agremiados, es la erosión de la autoridad del Estado.

Cabe la posibilidad de que se opte por aprobar en un breve plazo, sin modificaciones o cambios menores, la legislación secundaria pendiente, contener mediante la mayor concentración de elementos de la policía federal las protestas subsecuentes y esperar que la desmovilización se produzca, cuando menos en niveles significativos, por el agotamiento de los recursos que actualmente la mantienen. La viabilidad de esta línea de acción depende fundamentalmente de la estimación de las reservas de que dispone la CNTE y de la adopción de acciones concertadas con diversos gobiernos locales que interrumpan el flujo de recursos hacia esa organización sindical.

Finalmente, también es posible que se elija el camino de la aprobación Ley del Servicio Profesional Docente seguida no sólo de la contención, si no de la dispersión de las protestas, obligando a los maestros que actualmente se manifiestan en la Ciudad de México, o a la gran mayoría de ellos, mediante el uso de la fuerza con armas no letales y la ejecución selectiva de órdenes de aprehensión, a retornar a sus lugares de origen. Sobre el particular, cabría preguntarse, vista la inacción de la policía capitalina, si la policía federal dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo una operación de esa naturaleza y asumir que el empleo de las fuerzas armadas para lograr ese objetivo supondría, con seguridad, inaceptables costos políticos.

Tal  es, en sus rasgos esenciales, el escenario que ahora tiene ante sí el gobierno del Presidente Peña Nieto.

MICHOACAN: LA INGOBERNABILIDAD Y EL MARCO LEGAL DE LA INTERVENCION FEDERAL

Si por ingobernabilidad entendemos la notoria ineficacia de la autoridad para atender las demandas primordiales de la población, pocos dudarían de que, en virtud de la situación de inseguridad que prevalece en al menos algunas regiones de Michoacán, en la entidad existe una evidente condición de ingobernabilidad, aunque la extensión geográfica de esa condición pudiera ser objeto de discusión.

En atención a dicha ingobernabilidad, un grupo de senadores del PAN solicitaron que el Senado, conforme a lo dispuesto en la Fracción V del Artículo 76 constitucional, declarara desaparecidos los Poderes del Estado. Tal solicitud obedeció, sin duda, a un olvido deliberado o a una notoria ignorancia.

En 1978, después de muchos años de un intenso debate doctrinal en torno a la debida interpretación de esa norma de nuestra Constitución, y de varias declaraciones de desaparición de Poderes que fueron severamente cuestionadas en lo que hace a su fundamento jurídico, el Congreso de la Unión expidió la Ley Reglamentaria de la citada disposición constitucional.  La misma esclareció de manera inequívoca que la facultad del Senado prevista en esa estipulación tiene sólo efectos “declarativos” y no “constitutivos”, es decir, que la misma únicamente procede cuando se haya configurado la desaparición de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado, y estableció específicamente los casos en los cuales se configuraría tal desaparición.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria, se configura la desaparición de los Poderes de un Estado en los casos de que los titulares de los Poderes Constitucionales:

I.   Quebrantaren los principios del régimen federal. 

II.  Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

III.   Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

IV.  Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

V.   Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de República.

A la luz de las rígidas disposiciones de la Ley Reglamentaria resulta explicable el hecho de que, desde su expedición, en ninguna ocasión se haya expedido una declaración de desaparición de Poderes. Es, asimismo, incuestionable que la situación prevaleciente en Michoacán no se ajusta en modo alguno a las hipótesis de la Ley y que, consecuentemente, no sería procedente la declaración de desaparición de Poderes. Parecería entonces que, por sólidas razones jurídicas y no sólo por motivos políticos, la solicitud de ese grupo de senadores no pasará de la Comisión correspondiente.

Sin embargo, la ingobernabilidad imperante en algunas regiones de Michoacán obligó al Gobierno Federal a desplegar en el estado un vasto operativo militar que, según las declaraciones del Secretario de Gobernación, está coordinado por el Secretario de la Defensa Nacional y que incluyó la designación como Secretario de Seguridad Pública del Estado de un general brigadier en activo quien, al decir del Gobernador, tendrá absoluta libertad para designar a sus colaboradores y quien, significativamente, en el acto de toma de posesión, sólo se refirió por  nombre, además de la inevitable mención al titular del Ejecutivo estatal, al general de división, comandante de la Región Militar con sede en el estado, y a los generales de brigada, comandantes de las Zonas Militares con sede en la entidad. No cabe duda, entonces, de la naturaleza esencialmente militar de la intervención federal en el estado y de que, en la práctica, implica, en buena medida, la sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares en el ámbito de la seguridad pública.

Nos parece claro que ante la situación de Michoacán y los escasos recursos a disposición de los gobiernos federal y estatal para restaurar la seguridad en la entidad, difícilmente existiría una opción distinta del operativo militar como el descrito. Podría aducirse, además, que la intervención federal obedece a lo dispuesto por el artículo 119 Constitucional, que obliga a los Poderes de la Unión a proteger a los Estados, entre otros, en casos de trastorno interior cuando sean excitados a prestar esa protección por el Ejecutivo de la entidad. Empero, también es evidente que un operativo militar como el que se ha instrumentado, con la sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares y que inevitablemente se prolongará por un largo período, no de meses, sino de años, tiene, en el mejor de los casos, un muy frágil fundamento en el orden  jurídico vigente.

Al respecto, hay que tener presente que la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones encaminadas a mantener la seguridad interior, no tiene hasta hoy

otro fundamento legal que la tesis que emitió en 1966 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que adquirió carácter jurisprudencial en marzo de 2000, según la cual, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, es constitucional esa participación de las Fuerzas Armadas cuando así lo soliciten las autoridades civiles y tenga el carácter de auxilio a las mismas. Se trataría de una excepción al principio general que consagra el mencionado artículo Constitucional de acuerdo con el cual “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Más allá de las legítimas dudas que puedan suscitarse sobre si el operativo militar en Michoacán se ajusta a las características previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que el mismo ha hecho evidente es la urgencia de una legislación que preste un más sólido fundamento legal a la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones encaminadas a mantener la seguridad interior.

El tema es ciertamente complejo desde un punto de vista jurídico y al él nos referiremos en nuestra próxima entrega, pero lo que ahora queremos resaltar es que, la ausencia de una legislación semejante supone un peligro creciente para nuestras Fuerzas Armadas y para la misma vigencia del Estado de Derecho.

EL CONFLICTO EN GUERRERO: DIMENSIONES E IMPLICACIONES MULTIPLES

El conflicto político-magisterial que se manifiesta en Guerrero tiene, sin duda, múltiples dimensiones e implicaciones que desbordan el ámbito educativo-laboral en el que tuvo origen y también las fronteras del estado. Nos proponemos analizarlas, aunque sea someramente.

1.   En el Movimiento Popular Guerrerense hay, indiscutiblemente, líderes y grupos que formulan demandas, razonables o no, que tienen estrictamente un carácter laboral. Se trata de mantener o ampliar los derechos y privilegios de que han gozado los maestros en servicio y los egresados de normales con relación a la administración de las plazas docentes en esa entidad federativa, pese a que tales prerrogativas parezcan injustificadas a los ojos de la inmensa mayoría de la opinión pública y contrarias al propósito social de elevar la calidad de la educación.

2.   Sin embargo, en el Movimiento hay también grupos antisistema, para los cuales la protesta tiene rasgos insurreccionales y es, a la vez, un ensayo de insurrecciones de mayor alcance. Se trata, entonces, de un conflicto político, de acciones orientadas contra la autoridad, y no meramente de un conflicto magisterial.

3.   Al respecto, lo que ocurre con las policías comunitarias incorporadas al Movimiento resulta sintomático. Es cierto que en algunas comunidades indígenas de Guerrero, regidas por usos y costumbres y con autoridades elegidas de conformidad con tales prácticas sociales, las policías comunitarias tienen una larga tradición. Pero difícilmente puede pensarse que todas las poblaciones asentadas en las regiones de la Montaña, el Centro y la Costa Chica, donde han proliferado en los últimos tiempos las policías comunitarias, tienen las características de una comunidad indígena tradicional. Ahí, lo que se pretende es lisa y llanamente suplantar a las autoridades estatales y municipales. Por eso, el riesgo que involucra el compromiso anunciado por los maestros de la CETEG, de promover la creación de más policías comunitarias.

A lo anterior, si se suma el peligro de una eventual vinculación de grupos del crimen organizado con las policías comunitarias, fenómeno del cual hasta hoy, en Guerrero, no hay indicios evidentes, pero que si son claros en Michoacán, donde lo que se procura es la mayor erosión del control territorial del Estado.

4.   Frente al Movimiento, las autoridades estatales han sido erráticas. En ocasiones, el gobierno y un buen número de diputados del Congreso local parecían dispuestos, en aras de “la paz social”, a contemporizar. De tal actitud, son muestras la decisión del Gobernador de presentar, como iniciativa propia, la propuesta de reformas a la Ley Estatal de Educación que formuló la CETEG y la decisión de un grupo significativo de diputados locales de someter al pleno de la legislatura reformas a la legislación educativa que preveían, entre otras medidas, la creación de un Instituto Estatal de Evaluación, controlado en definitiva por el propio magisterio organizado, la asignación automática de plazas a los egresados de las normales y la promoción de docentes, a través de usos y costumbres, por una Comisión Mixta de Escalafón.

En otras, en cambio, la firmeza frente a la protesta caracterizó, en principio, su postura. Ejemplos de ello fueron la aprobación por el Congreso local de reformas a la legislación educativa distintas a las propuestas por el Movimiento y el anuncio del gobernador de la liberación de 39 órdenes de aprehensión, entre ellas, de los dos líderes de la CETEG.

En todo caso, la impotencia ha sido el rasgo más característico de la posición de las autoridades de Guerrero, como lo demostraron su inacción frente a la toma y el secuestro del Congreso y el vandalismo contra las sedes de cuatro partidos políticos, así como las más recientes declaraciones del gobernador Aguirre sobre el número de policías a su disposición.

5.   Por el contrario, el Gobierno Federal, de acuerdo con el discurso del Secretario de Educación Pública, no parece estar en disposición de transigir. Así lo patentizaría  la amenaza de sanciones administrativas, inclusive el despido, a los maestros faltistas y la advertencia de interponer acciones de inconstitucionalidad contra legislaciones locales contrarias a las reformas.

Para justificar esa postura, el Gobierno Federal tiene variadas razones:

a)   Las propuestas de la CETEG son claramente incompatibles con la reforma educativa que recientemente se plasmó en la Constitución. La asignación automática de plazas a los egresados de las normales es la muestra más evidente de esa incompatibilidad.

b)   El ejemplo de Guerrero cundiría fácilmente en otros estados en los cuales la CENTE es mayoritaria. Michoacán   sigue ya ese camino y Oaxaca sería el siguiente eslabón a romper.

c)   Un movimiento exitoso en Guerrero podría fortalecer a la CENTE frente al SENTE en entidades de la República donde la Coordinadora no ha tenido una presencia significativa.

d)   La cúpula sindical del SNTE, tras la aprehensión de la maestra Gordillo y la espada de Damocles que pende sobre algunos líderes, ha mostrado una casi absoluta disciplina frente al Gobierno Federal. Empero, si en Guerrero la CENTE obtiene algo parecido a un triunfo, el SNTE seguramente tendría que encarecer la negociación salarial y de prestaciones prevista para el próximo 15 de mayo.

e)   Finalmente, si en efecto, para algunos de los que protestan, se trata de un ensayo de insurrecciones mayores, el Gobierno Federal debe considerar las consecuencias de una “rendición” frente a la CETEG cuando reformas previsiblemente divisivas, como la fiscal y la energética, sean al fin propuestas.

6.   Hasta ahora, la actitud de la CETEG, por su parte, ha sido de completa intransigencia, como lo mostró su negativa a que se discutiera en el Congreso local cualquier enmienda a su propia propuesta y su reacción a la correspondiente votación en el pleno. Así, aunque podría existir algún margen de negociación en lo que hace a la distinta aplicación, de acuerdo con peculiaridades regionales, de las muy distintas medidas que habrá de contemplar la legislación reglamentaria de las reformas constitucionales en materia educativa, parecen muy escasas las posibilidades de una completa desmovilización de las protestas por la mera vía de un acuerdo. Parecería, igualmente, reducida la probabilidad de que se extinga el movimiento al agotarse las fuentes de su financiamiento, aunque, de acuerdo con las declaraciones del gobernador, ésta sería aparentemente su apuesta.

7.    En esas circunstancias parecería deseable una estrategia de contención y reducción paulatina del conflicto que, sin prescindir de la disposición a negociar todo lo negociable, tendría que incluir necesariamente una vertiente represiva, entendida la represión como el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Aquí hay que ser absolutamente claros: no se trata de criminalizar la protesta social, pero tampoco de tolerar la total impunidad de los delitos que en el curso de la misma se cometan. La impunidad de los autores del incendio de la gasolinera en la Autopista del Sol y del homicidio del trabajador que en ella laboraba, hace algunos meses durante la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, constituye un funesto precedente que no es ajeno a lo que ahora ocurre y que no debe repetirse.

8.   En virtud de las tradiciones de rebeldía que históricamente se han manifestado en Guerrero y del deterioro de los aparatos de seguridad del Estado, es claro que el uso desproporcionado de la fuerza y la aplicación indiscriminada de medidas represivas, aún si tuvieran un carácter meramente administrativo, podría generar problemas más graves que los que ahora se enfrentan. Sin embargo, la ejecución con carácter ejemplar, de algunas órdenes de aprehensión por los distintos delitos que en los últimos días se han cometido podría contribuir a contener el conflicto.

En este punto hay que subrayar que, tras el anuncio del gobernador de la liberación de órdenes de aprehensión, su no ejecución sólo reforzaría la percepción de impunidad de quienes participan en el Movimiento y, consecuentemente, lo reforzaría. También que un número muy  limitado de órdenes de aprehensión ejecutadas le brindaría nuevas banderas y motivos de protesta.

Con el mismo propósito de contención, tendría que contemplarse el desarme selectivo de algunas policías comunitarias, específicamente de aquellas surgidas en comunidades que carece  de esa tradición y de aquellas con respecto a las cuales pudieran existir indicios de estar infiltradas por  el crimen organizado.

Es claro que, para esos objetivos, no sería suficiente la actuación de la Policía Federal  en los términos del desalojo pacífico de la Autopista del Sol ocurrido hace días.

9.   Una estrategia de contención como la descrita exigiría el cumplimiento de cuando menos tres condiciones:

a)   La disposición de las fuerzas públicas suficientes para inhibir las provocaciones y ejecutar operaciones “limpias”.

b)   La existencia de información de inteligencia precisa.

c)   La más estrecha cooperación y coordinación entre las autoridades federales y estatales.
En las actuales circunstancias, no se puede asegurar el cumplimiento de tales condiciones, pero se puede tener certeza de que sin él, Estado y Federación tendrán que afrontar, en el corto plazo, conflictos más agudos.

La gendarmería nacional: algunas preguntas

La iniciativa del Presidente Peña Nieto, anunciada desde su campaña electoral, de establecer una Gendarmería Nacional está en marcha. Según Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad, no es urgente su creación, diversas noticias de prensa han dado cuenta de que se estarían capacitando los aproximadamente diez mil efectivos de las Fuerzas Armadas que, al inicio, se incorporarían al nuevo cuerpo policial. Asimismo, se rumora que su establecimiento se produciría a través de un decreto presidencial.

Tales noticias generan un buen número de interrogantes. La primera, y fundamental, tiene que ver con las diferencias que existirían entre la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, las relaciones que se establecerían entre ambos cuerpos policiales y, por último, con el futuro de la propia Policía Federal, acorde con los planes del actual gobierno.

En efecto, la duda que surge de inmediato se refiere a la eventual diferencia en lo que hace a la naturaleza de las dos instituciones. De acuerdo con las pocas declaraciones que se han producido y de las filtraciones y rumores publicados se infiere que la Gendarmería Nacional, aunque dependerá, al igual que la Policía Federal, del Comisionado Nacional de Seguridad, será un cuerpo “militarizado”. Ahora bien, ¿qué significa exactamente esa “militarización”? Por ejemplo, ¿los miembros de la Gendarmería estarán sujetos a la justicia militar? Más profunda todavía es la duda que suscita la posible diferencia entre la Gendarmería y la Policía Federal en lo que toca a sus funciones. Sobre este punto, no hay claridad alguna.

Sin embargo, la interrogante de mayor alcance tiene que ver en el futuro de la Policía Federal y, más ampliamente, de un cuerpo o varios cuerpos policiales eficientes que permitan en el mediano y largo plazos retirar a las fuerzas armadas de las funciones que ahora cumplen en materia de seguridad pública. Al respecto, habría que tener presente que, según diversas estimaciones, el país requeriría de un mínimo de trescientos mil efectivos policiales “confiables” y que en la actualidad estamos lejos de ese mínimo. Por eso, en años recientes se llevó a cabo un esfuerzo sin precedente para incrementar los efectivos de la Policía Federal. La creación de la Gendarmería apuntaría, en cambio, en otra dirección. Si fuera así, y se pretendiera detener el crecimiento de la Policía Federal, ¿cómo se propone el Gobierno tener el mínimo requerido de policías eficientes? Es claro que una Gendarmería Nacional, integrada al principio por diez mil militares, no bastaría para ese objetivo ¿Se cree, entonces que a través de la iniciativa del mando único, podrá disponerse de policías estatales confiables que cuenten con los efectivos suficientes?  Aún más: en la iniciativa del Presidente Calderón sobre mando único se preveía que, en determinadas circunstancias, la Policía Federal tuviera autoridad y prácticamente sustituyera a las policías estatales. ¿Qué piensa sobre el particular el actual gobierno? ¿Qué propondría para el caso de que en una determinada entidad federativa fuera imposible contar con una policía estatal eficaz?

A las interrogantes anteriores hay que sumar las que se generan con motivo del origen militar de los primeros integrantes de la Gendarmería y su adscripción, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación. Sobre este particular, una primera duda se refiere al estatus de los fundadores de la Gendarmería ¿Se separarán definitivamente de las Fuerzas Armadas o sólo lo harán de manera temporal? En la primera hipótesis: ¿Por qué habrían de renunciar los integrantes de la Gendarmería a los beneficios de la carrera militar? ¿Cuáles serían los incentivos que para hacerlo se les ofrecerían? En cambio, si la separación fuese temporal ¿cuál es el plan de desarrollo de la Gendarmería y en que tiempo se prevé la sustitución de sus primeros integrantes?

Además, es previsible que, a pesar de su adscripción a la Secretaría de Gobernación, a la Gendarmería se integren clases, oficiales, jefes, e inclusive generales, así como sus equivalentes en lo que hace a la Armada de México; difícilmente podría ser de otro modo. Así, si se conserva, salvo en lo que hace a la cúspide de la pirámide, toda la estructura del mando militar ¿cuál es el propósito de su adscripción a la Secretaría de Gobernación? ¿No sería pertinente, por supuesto con las necesarias reformas constitucionales y legales, considerar otras posibilidades, entre ellas, como en el caso de Colombia, una Policía Nacional militarizada adscrita a un Ministerio de Defensa encabezado por un civil?

En el contexto de tantas interrogantes y muchas otras que se podrían formular, parecería deseable un amplio debate público en torno a la creación de la Gendarmería  y a las características que, en su caso, habría de tener el nuevo cuerpo policial. Por eso, es motivo de preocupación que, según los rumores, se pretenda su creación, no mediante ley, sino a través de un decreto presidencial. Es claro al respecto que, si se eligiera el primer camino, la consideración en el Congreso de la Unión de la correspondiente iniciativa, propiciaría un debate que, ciertamente, nos parece indispensable.