Y AHORA, ¿QUE HACER?

Desde la campaña electoral, y a lo largo del periodo de transición, el Presidente Peña Nieto y sus hombres de confianza señalaron con claridad las líneas estratégicas de su gobierno. Se trataba, como objetivo prioritario, de impulsar un mayor crecimiento económico, de promover tasas de crecimiento del producto superiores al mediocre promedio de los últimos años, eventualmente mayores al 5% anual.  Para ello, en una economía cuyo dinamismo depende fundamentalmente del sector exportador y, en consecuencia, de la inversión extranjera, la apertura de la industria petrolera a la participación privada y, en particular las reformas jurídicas que permitirían la inversión de las grandes compañías transnacionales en la exploración y explotación de hidrocarburos, desempeñarían un papel esencial.

Los lineamientos estratégicos que adoptó el actual gobierno son indudablemente susceptibles de cuestionamientos válidos. Puede argumentarse, con razones de peso, sobre la prioridad que debió otorgarse a objetivos que quizá revestían mayor urgencia, como por ejemplo, el de reconstituir las capacidades del Estado de hacer valer el imperio de la ley, objetivo que implicaba, y todavía implica, un amplio programa de reformas y medidas legislativas y administrativas, algunas de la mayor significación política, de las cuales apenas unas cuantas, y de manera tímida se han comenzado a adoptar.

Se puede poner en duda, asimismo, la viabilidad de las metas económicas propuestas en un entorno internacional de bajo crecimiento, desaceleración, estancamiento o franca recesión, como el que ahora nos rodea y del cual, desde hace meses, se anunciaban señales inequívocas que tal vez no fueron debidamente valoradas.

Por último, también es debatible el potencial de la reforma energética iniciada por el Ejecutivo Federal para generar los niveles de inversión de que se habla como lo es, igualmente, su conveniencia en un horizonte de largo plazo que atienda a los intereses de las futuras generaciones de mexicanos.

Empero, de lo que no cabe duda es que los márgenes de acción de que dispone el actual gobierno federal para adoptar distintos lineamientos estratégicos son prácticamente nulos. Lo son en virtud de la imagen, la imagen del “momento mexicano”,  que ha procurado proyectar, de los compromisos implícitos que ha asumido con los grandes inversionistas nacionales y extranjeros y, finalmente, de sus mismos esquemas de pensamiento. Así, conforme a sus propias líneas de acción política el éxito o el fracaso del gobierno dependen, en definitiva, de la aprobación de la reforma energética.

La reforma constitucional que ha propuesto el Ejecutivo Federal no es la que hubieran deseado los grandes inversionistas. Para ellos, un régimen de concesiones o, al menos, la posibilidad de celebrar contratos de producción compartida hubieran resultado mucho más atractivos. Sin embargo, conscientes de la arraigada resistencia mexicana a la apertura en materia petrolera, en principio, la han recibido con interés. De igual modo, el Ejecutivo Federal propuso una reforma relativamente modesta puesto que no ignora el rechazo de amplios sectores de la opinión pública a la autorización de la participación privada en la exploración y explotación de los hidrocarburos, aunque la táctica adoptada, de pretender legitimar la reforma a través de la figura del General Cárdenas, en última instancia, quizá ha sido contraproducente.

El hecho es que al momento de su presentación y pese a las movilizaciones sociales que en su contra se han anunciado, movilizaciones a las que ahora llaman inclusive las voces más moderadas e institucionales de la izquierda, como la de Cuauhtémoc Cárdenas, la iniciativa parecía contar con amplias oportunidades de ser aprobada, puesto que la mayoría calificada requerida para ello en las Cámaras del Congreso de la Unión podría reunirse con el voto de los legisladores del PRI, del Partido Verde y del PAN, salvo que los diputados y senadores de este último partido condicionen la reforma energética a una reforma político-electoral que, en algunas de sus versiones, deformaría sustancialmente nuestro régimen presidencial y, a la vez, carecería de las prácticas que un régimen parlamentario conducen a la formación de gobiernos con efectiva capacidad de gobernar.

No obstante ello, la protesta magisterial que en estos días se expresa en la Ciudad de México ha modificado sustancialmente ese escenario.

La movilización de la CNTE ha significado, finalmente, un serio desafío a la gobernabilidad, entendida como la condición que propicia que los mandatos de la autoridad procesados conforme a los procedimientos y por los órganos previstos en el ordenamiento jurídico, sean acatados por los gobernados aún cuando algunos de ellos no hayan estado de acuerdo con su formulación. Frente a la intensidad de las protestas, que deriva del elevado número de quienes en ella participan y de su alto nivel de organización, el Estado se ha mostrado, hasta ahora, incapaz de impedir los daños causados por las movilizaciones a la sociedad capitalina, por el colapso de las vialidades urbanas y la consecuente afectación de la actividad económica, y de asegurar el pleno funcionamiento de instalaciones estratégicas, como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y las sedes del Congreso Federal, aún cuando, hay que reconocerlo, no se han producido todavía actos vandálicos similares a los perpetrados en Chilpancingo, en abril pasado, por militantes de la Coordinadora.

Por eso, pretender debatir y, en su caso, aprobar la reforma energética sin haber desactivado previamente las movilizaciones magisteriales en la Ciudad de México, supondría asumir un riesgo mayor de ingobernabilidad, más grave todavía, si como se espera, se presenta también una iniciativa de reforma fiscal con modificaciones sustantivas al régimen del IVA y, por ello, inevitablemente impopular. En ese escenario el movimiento magisterial galvanizaría a los grupos inconformes y constituiría la punta de lanza de la protesta social.

Sin embargo, para el gobierno y el partido mayoritario posponer el debate de la reforma energética más allá del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión no resulta una alternativa conveniente. En su perspectiva, el drástico descenso de las expectativas de crecimiento económico para 2013 confiere a su aprobación una mayor urgencia. Además, de manera también inevitable, el capital político de que dispondrán el próximo año será menor al actual y, correlativamente, el precio del eventual apoyo del PAN será mayor. En consecuencia, no parecen tener otro camino que el de desactivar en el muy corto plazo la protesta magisterial.

Para ello, la vía de la negociación no parece viable. A estas alturas del conflicto y si se atiende sólo a los contenidos propios de la reforma educativa, para desmovilizar las protestas no bastaría una concesión extrema, imposible en términos de opinión pública, como sería la no aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente. No es dable, asimismo, ignorar que hay núcleos radicales en la CNTE para los cuales lo verdaderamente importante, más allá de la defensa de los privilegios de la organización y sus agremiados, es la erosión de la autoridad del Estado.

Cabe la posibilidad de que se opte por aprobar en un breve plazo, sin modificaciones o cambios menores, la legislación secundaria pendiente, contener mediante la mayor concentración de elementos de la policía federal las protestas subsecuentes y esperar que la desmovilización se produzca, cuando menos en niveles significativos, por el agotamiento de los recursos que actualmente la mantienen. La viabilidad de esta línea de acción depende fundamentalmente de la estimación de las reservas de que dispone la CNTE y de la adopción de acciones concertadas con diversos gobiernos locales que interrumpan el flujo de recursos hacia esa organización sindical.

Finalmente, también es posible que se elija el camino de la aprobación Ley del Servicio Profesional Docente seguida no sólo de la contención, si no de la dispersión de las protestas, obligando a los maestros que actualmente se manifiestan en la Ciudad de México, o a la gran mayoría de ellos, mediante el uso de la fuerza con armas no letales y la ejecución selectiva de órdenes de aprehensión, a retornar a sus lugares de origen. Sobre el particular, cabría preguntarse, vista la inacción de la policía capitalina, si la policía federal dispone de los recursos suficientes para llevar a cabo una operación de esa naturaleza y asumir que el empleo de las fuerzas armadas para lograr ese objetivo supondría, con seguridad, inaceptables costos políticos.

Tal  es, en sus rasgos esenciales, el escenario que ahora tiene ante sí el gobierno del Presidente Peña Nieto.