EL CONFLICTO EN GUERRERO: DIMENSIONES E IMPLICACIONES MULTIPLES

El conflicto político-magisterial que se manifiesta en Guerrero tiene, sin duda, múltiples dimensiones e implicaciones que desbordan el ámbito educativo-laboral en el que tuvo origen y también las fronteras del estado. Nos proponemos analizarlas, aunque sea someramente.

1.   En el Movimiento Popular Guerrerense hay, indiscutiblemente, líderes y grupos que formulan demandas, razonables o no, que tienen estrictamente un carácter laboral. Se trata de mantener o ampliar los derechos y privilegios de que han gozado los maestros en servicio y los egresados de normales con relación a la administración de las plazas docentes en esa entidad federativa, pese a que tales prerrogativas parezcan injustificadas a los ojos de la inmensa mayoría de la opinión pública y contrarias al propósito social de elevar la calidad de la educación.

2.   Sin embargo, en el Movimiento hay también grupos antisistema, para los cuales la protesta tiene rasgos insurreccionales y es, a la vez, un ensayo de insurrecciones de mayor alcance. Se trata, entonces, de un conflicto político, de acciones orientadas contra la autoridad, y no meramente de un conflicto magisterial.

3.   Al respecto, lo que ocurre con las policías comunitarias incorporadas al Movimiento resulta sintomático. Es cierto que en algunas comunidades indígenas de Guerrero, regidas por usos y costumbres y con autoridades elegidas de conformidad con tales prácticas sociales, las policías comunitarias tienen una larga tradición. Pero difícilmente puede pensarse que todas las poblaciones asentadas en las regiones de la Montaña, el Centro y la Costa Chica, donde han proliferado en los últimos tiempos las policías comunitarias, tienen las características de una comunidad indígena tradicional. Ahí, lo que se pretende es lisa y llanamente suplantar a las autoridades estatales y municipales. Por eso, el riesgo que involucra el compromiso anunciado por los maestros de la CETEG, de promover la creación de más policías comunitarias.

A lo anterior, si se suma el peligro de una eventual vinculación de grupos del crimen organizado con las policías comunitarias, fenómeno del cual hasta hoy, en Guerrero, no hay indicios evidentes, pero que si son claros en Michoacán, donde lo que se procura es la mayor erosión del control territorial del Estado.

4.   Frente al Movimiento, las autoridades estatales han sido erráticas. En ocasiones, el gobierno y un buen número de diputados del Congreso local parecían dispuestos, en aras de “la paz social”, a contemporizar. De tal actitud, son muestras la decisión del Gobernador de presentar, como iniciativa propia, la propuesta de reformas a la Ley Estatal de Educación que formuló la CETEG y la decisión de un grupo significativo de diputados locales de someter al pleno de la legislatura reformas a la legislación educativa que preveían, entre otras medidas, la creación de un Instituto Estatal de Evaluación, controlado en definitiva por el propio magisterio organizado, la asignación automática de plazas a los egresados de las normales y la promoción de docentes, a través de usos y costumbres, por una Comisión Mixta de Escalafón.

En otras, en cambio, la firmeza frente a la protesta caracterizó, en principio, su postura. Ejemplos de ello fueron la aprobación por el Congreso local de reformas a la legislación educativa distintas a las propuestas por el Movimiento y el anuncio del gobernador de la liberación de 39 órdenes de aprehensión, entre ellas, de los dos líderes de la CETEG.

En todo caso, la impotencia ha sido el rasgo más característico de la posición de las autoridades de Guerrero, como lo demostraron su inacción frente a la toma y el secuestro del Congreso y el vandalismo contra las sedes de cuatro partidos políticos, así como las más recientes declaraciones del gobernador Aguirre sobre el número de policías a su disposición.

5.   Por el contrario, el Gobierno Federal, de acuerdo con el discurso del Secretario de Educación Pública, no parece estar en disposición de transigir. Así lo patentizaría  la amenaza de sanciones administrativas, inclusive el despido, a los maestros faltistas y la advertencia de interponer acciones de inconstitucionalidad contra legislaciones locales contrarias a las reformas.

Para justificar esa postura, el Gobierno Federal tiene variadas razones:

a)   Las propuestas de la CETEG son claramente incompatibles con la reforma educativa que recientemente se plasmó en la Constitución. La asignación automática de plazas a los egresados de las normales es la muestra más evidente de esa incompatibilidad.

b)   El ejemplo de Guerrero cundiría fácilmente en otros estados en los cuales la CENTE es mayoritaria. Michoacán   sigue ya ese camino y Oaxaca sería el siguiente eslabón a romper.

c)   Un movimiento exitoso en Guerrero podría fortalecer a la CENTE frente al SENTE en entidades de la República donde la Coordinadora no ha tenido una presencia significativa.

d)   La cúpula sindical del SNTE, tras la aprehensión de la maestra Gordillo y la espada de Damocles que pende sobre algunos líderes, ha mostrado una casi absoluta disciplina frente al Gobierno Federal. Empero, si en Guerrero la CENTE obtiene algo parecido a un triunfo, el SNTE seguramente tendría que encarecer la negociación salarial y de prestaciones prevista para el próximo 15 de mayo.

e)   Finalmente, si en efecto, para algunos de los que protestan, se trata de un ensayo de insurrecciones mayores, el Gobierno Federal debe considerar las consecuencias de una “rendición” frente a la CETEG cuando reformas previsiblemente divisivas, como la fiscal y la energética, sean al fin propuestas.

6.   Hasta ahora, la actitud de la CETEG, por su parte, ha sido de completa intransigencia, como lo mostró su negativa a que se discutiera en el Congreso local cualquier enmienda a su propia propuesta y su reacción a la correspondiente votación en el pleno. Así, aunque podría existir algún margen de negociación en lo que hace a la distinta aplicación, de acuerdo con peculiaridades regionales, de las muy distintas medidas que habrá de contemplar la legislación reglamentaria de las reformas constitucionales en materia educativa, parecen muy escasas las posibilidades de una completa desmovilización de las protestas por la mera vía de un acuerdo. Parecería, igualmente, reducida la probabilidad de que se extinga el movimiento al agotarse las fuentes de su financiamiento, aunque, de acuerdo con las declaraciones del gobernador, ésta sería aparentemente su apuesta.

7.    En esas circunstancias parecería deseable una estrategia de contención y reducción paulatina del conflicto que, sin prescindir de la disposición a negociar todo lo negociable, tendría que incluir necesariamente una vertiente represiva, entendida la represión como el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Aquí hay que ser absolutamente claros: no se trata de criminalizar la protesta social, pero tampoco de tolerar la total impunidad de los delitos que en el curso de la misma se cometan. La impunidad de los autores del incendio de la gasolinera en la Autopista del Sol y del homicidio del trabajador que en ella laboraba, hace algunos meses durante la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, constituye un funesto precedente que no es ajeno a lo que ahora ocurre y que no debe repetirse.

8.   En virtud de las tradiciones de rebeldía que históricamente se han manifestado en Guerrero y del deterioro de los aparatos de seguridad del Estado, es claro que el uso desproporcionado de la fuerza y la aplicación indiscriminada de medidas represivas, aún si tuvieran un carácter meramente administrativo, podría generar problemas más graves que los que ahora se enfrentan. Sin embargo, la ejecución con carácter ejemplar, de algunas órdenes de aprehensión por los distintos delitos que en los últimos días se han cometido podría contribuir a contener el conflicto.

En este punto hay que subrayar que, tras el anuncio del gobernador de la liberación de órdenes de aprehensión, su no ejecución sólo reforzaría la percepción de impunidad de quienes participan en el Movimiento y, consecuentemente, lo reforzaría. También que un número muy  limitado de órdenes de aprehensión ejecutadas le brindaría nuevas banderas y motivos de protesta.

Con el mismo propósito de contención, tendría que contemplarse el desarme selectivo de algunas policías comunitarias, específicamente de aquellas surgidas en comunidades que carece  de esa tradición y de aquellas con respecto a las cuales pudieran existir indicios de estar infiltradas por  el crimen organizado.

Es claro que, para esos objetivos, no sería suficiente la actuación de la Policía Federal  en los términos del desalojo pacífico de la Autopista del Sol ocurrido hace días.

9.   Una estrategia de contención como la descrita exigiría el cumplimiento de cuando menos tres condiciones:

a)   La disposición de las fuerzas públicas suficientes para inhibir las provocaciones y ejecutar operaciones “limpias”.

b)   La existencia de información de inteligencia precisa.

c)   La más estrecha cooperación y coordinación entre las autoridades federales y estatales.
En las actuales circunstancias, no se puede asegurar el cumplimiento de tales condiciones, pero se puede tener certeza de que sin él, Estado y Federación tendrán que afrontar, en el corto plazo, conflictos más agudos.