MICHOACAN: LA INGOBERNABILIDAD Y EL MARCO LEGAL DE LA INTERVENCION FEDERAL

Si por ingobernabilidad entendemos la notoria ineficacia de la autoridad para atender las demandas primordiales de la población, pocos dudarían de que, en virtud de la situación de inseguridad que prevalece en al menos algunas regiones de Michoacán, en la entidad existe una evidente condición de ingobernabilidad, aunque la extensión geográfica de esa condición pudiera ser objeto de discusión.

En atención a dicha ingobernabilidad, un grupo de senadores del PAN solicitaron que el Senado, conforme a lo dispuesto en la Fracción V del Artículo 76 constitucional, declarara desaparecidos los Poderes del Estado. Tal solicitud obedeció, sin duda, a un olvido deliberado o a una notoria ignorancia.

En 1978, después de muchos años de un intenso debate doctrinal en torno a la debida interpretación de esa norma de nuestra Constitución, y de varias declaraciones de desaparición de Poderes que fueron severamente cuestionadas en lo que hace a su fundamento jurídico, el Congreso de la Unión expidió la Ley Reglamentaria de la citada disposición constitucional.  La misma esclareció de manera inequívoca que la facultad del Senado prevista en esa estipulación tiene sólo efectos “declarativos” y no “constitutivos”, es decir, que la misma únicamente procede cuando se haya configurado la desaparición de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado, y estableció específicamente los casos en los cuales se configuraría tal desaparición.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria, se configura la desaparición de los Poderes de un Estado en los casos de que los titulares de los Poderes Constitucionales:

I.   Quebrantaren los principios del régimen federal. 

II.  Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

III.   Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

IV.  Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

V.   Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de República.

A la luz de las rígidas disposiciones de la Ley Reglamentaria resulta explicable el hecho de que, desde su expedición, en ninguna ocasión se haya expedido una declaración de desaparición de Poderes. Es, asimismo, incuestionable que la situación prevaleciente en Michoacán no se ajusta en modo alguno a las hipótesis de la Ley y que, consecuentemente, no sería procedente la declaración de desaparición de Poderes. Parecería entonces que, por sólidas razones jurídicas y no sólo por motivos políticos, la solicitud de ese grupo de senadores no pasará de la Comisión correspondiente.

Sin embargo, la ingobernabilidad imperante en algunas regiones de Michoacán obligó al Gobierno Federal a desplegar en el estado un vasto operativo militar que, según las declaraciones del Secretario de Gobernación, está coordinado por el Secretario de la Defensa Nacional y que incluyó la designación como Secretario de Seguridad Pública del Estado de un general brigadier en activo quien, al decir del Gobernador, tendrá absoluta libertad para designar a sus colaboradores y quien, significativamente, en el acto de toma de posesión, sólo se refirió por  nombre, además de la inevitable mención al titular del Ejecutivo estatal, al general de división, comandante de la Región Militar con sede en el estado, y a los generales de brigada, comandantes de las Zonas Militares con sede en la entidad. No cabe duda, entonces, de la naturaleza esencialmente militar de la intervención federal en el estado y de que, en la práctica, implica, en buena medida, la sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares en el ámbito de la seguridad pública.

Nos parece claro que ante la situación de Michoacán y los escasos recursos a disposición de los gobiernos federal y estatal para restaurar la seguridad en la entidad, difícilmente existiría una opción distinta del operativo militar como el descrito. Podría aducirse, además, que la intervención federal obedece a lo dispuesto por el artículo 119 Constitucional, que obliga a los Poderes de la Unión a proteger a los Estados, entre otros, en casos de trastorno interior cuando sean excitados a prestar esa protección por el Ejecutivo de la entidad. Empero, también es evidente que un operativo militar como el que se ha instrumentado, con la sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares y que inevitablemente se prolongará por un largo período, no de meses, sino de años, tiene, en el mejor de los casos, un muy frágil fundamento en el orden  jurídico vigente.

Al respecto, hay que tener presente que la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones encaminadas a mantener la seguridad interior, no tiene hasta hoy

otro fundamento legal que la tesis que emitió en 1966 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que adquirió carácter jurisprudencial en marzo de 2000, según la cual, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, es constitucional esa participación de las Fuerzas Armadas cuando así lo soliciten las autoridades civiles y tenga el carácter de auxilio a las mismas. Se trataría de una excepción al principio general que consagra el mencionado artículo Constitucional de acuerdo con el cual “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Más allá de las legítimas dudas que puedan suscitarse sobre si el operativo militar en Michoacán se ajusta a las características previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que el mismo ha hecho evidente es la urgencia de una legislación que preste un más sólido fundamento legal a la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones encaminadas a mantener la seguridad interior.

El tema es ciertamente complejo desde un punto de vista jurídico y al él nos referiremos en nuestra próxima entrega, pero lo que ahora queremos resaltar es que, la ausencia de una legislación semejante supone un peligro creciente para nuestras Fuerzas Armadas y para la misma vigencia del Estado de Derecho.