EL PACTO, EL CONSENSO Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Entrega 02

Objeto de múltiples elogios, las gestiones políticas emprendidas por el gobierno federal para la conclusión, con los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, del llamado pacto por México, han generado en la opinión pública y en la sociedad mexicana en general nuevas expectativas. Parecería que, al menos entre las fuerzas políticas firmantes del Pacto, existe el consenso necesario para abordar la amplia agenda reformadora que se detalla en el mismo. Así, se dejaría atrás la parálisis legislativa que caracterizó, en buena medida, los doce años de gobiernos panistas.

Sería necio negar la relevancia de la firma de un pacto entre fuerzas políticas que hasta hace algunas semanas eran incapaces de alcanzar un mínimo acuerdo. Sin embargo, la estimación de los alcances del Pacto, sobre todo en lo que hace a las reformas estructurales que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto durante la pasada campaña electoral, exige de la opinión pública una buena dosis de cautela.

Al respecto, habría que  tener presente, como premisa básica, que el Estado, en definitiva, establece las reglas conforme a las cuales se distribuyen los bienes de que dispone una comunidad y, por la vía fiscal, interviene directamente en esa distribución. Al hacerlo, inevitablemente beneficia a determinados grupos sociales, en perjuicio de otros. Mucho más cuando lo que se pretende es precisamente el cambio de las reglas establecidas y de las modalidades de la intervención estatal en esa distribución.

Así, si por consenso se entiende el acuerdo básico de todos los actores sociales y de las fuerzas políticas que los representan, más allá de la aceptación generalizada del mínimo de normas que hacen posible la existencia misma del Estado, no es viable esperarlo en lo que hace al conjunto de decisiones legislativas y administrativas que involucran las tareas cotidianas de gobierno. Menos lo es cuando las decisiones de que se trata traen consigo cambios significativos en lo que hace a la distribución de los bienes de la comunidad. Por eso, procurar reformas de gran calado por la vía del consenso genera, en la práctica, un alto grado de inmovilidad gubernamental. Parafraseando a Jesús Reyes Heroles en su famoso discurso del 5 de febrero de 1979: “quien gobierna para todos, no gobierna para nadie”.

En esa perspectiva, ¿qué pensar de las posibilidades del Pacto por México con respecto a las reformas estructurales comprometidas por el Presidente Peña Nieto? Sobre el particular, habría que subrayar que, de conformidad con su discurso, el objetivo prioritario del actual gobierno es lograr una tasa mayor de crecimiento económico, como mínimo de 5% anual, y que para ese efecto, ha postulado la necesidad de una reforma hacendaria integral y, correlativamente, de una profunda reforma del sector energético.

Ahora bien, en lo que hace a la reforma hacendaria, aunque naturalmente tendría que atender, entre otros temas, a la composición del gasto, los regímenes fiscales especiales y el impuesto sobre la renta de empresas y personas físicas, casi todos los expertos están de acuerdo en que, si lo que se pretende es aumentar considerablemente las posibilidades de recaudación y disminuir la dependencia fiscal de la renta petrolera, es inevitable, como mínimo, la generalización del impuesto al valor agregado.

El problema consiste en que, aún si se prescinde de las significativas oposiciones que al interior del propio partido en el gobierno genera el asunto, para uno de los partidos firmantes del Pacto, el PRD, la cuestión resulta intransitable, aunque se mitigaran los efectos que la reforma tendría sobre los consumidores de menores recursos con un incremento de las transferencias existentes o la instauración paulatina de un sistema de seguridad social universal.

Algo similar sucede en lo que toca a la reforma energética. Si bien la misma tendría que procurar la mayor eficiencia de PEMEX, abrir espacios a la participación privada en algunas de las actividades que ahora realiza ese organismo de manera exclusiva y abarcar de manera global el tema energético, inclusive el asunto de las nuevas fuentes de energía, también prácticamente todos los especialistas están de acuerdo en que, si lo que se busca es incrementar en el corto plazo y de manera considerable la inversión privada en el sector, no puede dejar de abordar el tema de los contratos de riesgo para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ello supone necesariamente cambios constitucionales que permitan a las empresas asociadas en dichos contratos contabilizar en sus activos  las reservas correspondientes. Aquí también el problema consiste en que esos cambios son intransitables para el PRD.

Resulta entonces que, en la hipótesis de que el gobierno impulse una reforma hacendaria que implique la generalización del IVA y una reforma energética que involucre cambios constitucionales para permitir contratos de riesgo, el  Pacto por México, y el consenso que aparentemente involucra, tienen inevitablemente fecha de caducidad. Si finalmente esa fuera la decisión gubernamental, la opinión pública tendría que esperar en el futuro próximo un acercamiento del gobierno y el PRI con la organización política que eventualmente podría concurrir con tales reformas en el Congreso de la Unión, es decir, el PAN.

Obvio es decir, sin embargo, que en la actual coyuntura política y a la luz de la lucha que han emprendido los distintos grupos panistas por el control del partido, la alianza entre el gobierno y el PRI con el PAN no estaría garantizada. De ese modo, si en última instancia fuera imposible, la opinión pública tendría que esperar que el gobierno, resignado a sacrificar, en alguna medida, su objetivo prioritario de crecimiento económico, explore y eventualmente convenga con el PRD las reformas a emprender, unas reformas que serán ciertamente distintas de las que, en su campaña, postuló el Presidente Peña Nieto.