Consideraciones jurídicas y políticas sobre el caso Cassez.

                                        La quincena política: ENTREGA 01

Consideraciones jurídicas y políticas sobre el caso Cassez.

   

    Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre el fallo de la Suprema Corte en torno al caso de Florence Cassez. No obstante ello, a nuestro modo de ver, algunos aspectos no han sido suficientemente tomados en cuenta. A ellos nos abocamos en esta primera entrega.

1.      El proceso penal tiene por objeto acreditar jurídicamente la responsabilidad del indiciado. Para ello el ministerio público presenta al juzgador evidencias obtenidas legalmente, lo que implica la observación de los derechos del inculpado, y este último ha de valorarlas conforme a criterios de legalidad. La responsabilidad se acredita si las evidencias son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de que goza el procesado.
2.      En el caso de Florence Cassez es difícil ignorar que el montaje televisivo vició desde el origen todas las evidencias producidas con posterioridad a su exhibición, incluyendo lamentablemente los testimonios de las víctimas. Lo anterior, no sólo por la amplísima difusión del montaje, sino por la notoria falsedad en la que se incurrió al sostener que la procesada fue detenida en flagrancia. Tales vicios de origen sembraron una profunda duda sobre el valor de las evidencias presentadas por el ministerio público, duda que se vio acentuada por las inconsistencias de los testimonios que incriminaron a Florence Cassez. En nuestra opinión, tales dudas hicieron imposible que a lo largo del proceso se desvirtuara fehacientemente la presunción de inocencia de la indiciada.
3.   Así, en las tres instancias anteriores a la Corte, el juez de distrito y los magistrados correspondientes debieron liberar de inmediato a Florence Cassez. De lo que tampoco nos cabe duda es que, si los tribunales mexicanos no hubieran decidido su liberación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos años, hubiera obligado al Estado Mexicano a dejarla en libertad.
4.     Se ha comentado muchas veces la responsabilidad de los jueces y magistrados que sentenciaron a Florence, así como, por supuesto, la de los autores de la detención y el montaje televisivo. Poco se ha dicho, sin embargo, de los ministerios públicos quienes presentaron las evidencias correspondientes sin tomar en cuenta sus vicios de origen y sus inconsistencias y, además, ignoraron indicios inequívocos de la comisión de diversos delitos contra la administración de justicia.
5.      Desde el origen el asunto Cassez tenía implicaciones que iban mas allá del caso individual. Así fue por el tema de la asistencia consular y la importancia que el mismo reviste, en la política exterior de México, para la defensa de los nacionales sujetos a proceso penal en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Tales implicaciones resultaron mayores cuando la negativa del Presidente Calderón a aplicar el Tratado de Estrasburgo a fin de que Florence Cassez purgara su sentencia en Francia y la arrogancia del Presidente Sarkozy hicieron del caso un asunto de Estado. Por tales implicaciones resultaba indispensable que, en última instancia, el tribunal supremo del país, la Corte, se pronunciara sobre el mismo.
6.       Ahora bien, sin duda hubiera sido preferible que la Corte atrajera el amparo interpuesto ante el tribunal colegiado. Así, la Corte hubiera podido examinar en profundidad las cuestiones de legalidad que involucraba el caso y no limitarse, como finalmente lo tuvo que hacer, a revisar las cuestiones de constitucionalidad.
7.       La obligación de limitarse al examen de las cuestiones de constitucionalidad tuvo ciertamente consecuencias sobre el contenido y la forma del fallo de la Corte. En primer lugar, porque hubo de ignorar la sólida, aunque debatible como casi cualquier cuestión jurídica, argumentación del Ministro Ortiz Mayagoita que en marzo de 2012 se opuso al proyecto del Ministro Zaldívar aduciendo que la sentencia del tribunal colegiado no interpretaba normas constitucionales y, consecuentemente, no caía el amparo en revisión. Además, como veremos más adelante, la obligación de sujetarse al examen de las cuestiones de constitucionalidad indujo a una explicación del fallo de la sala que mucho ha contribuido a su rechazo por parte de la inmensa mayoría de la opinión pública.
8.      La Corte, como tribunal constitucional, establece la interpretación de las normas que, por su jerarquía de ley suprema, rigen la convivencia social. En esa virtud, la Corte es también un órgano político, no sólo judicial, y no puede ignorar las consecuencias políticas y sociales de sus fallos. En ese contexto, no es irrelevante el hecho que más del 80% de la opinión pública desapruebe el fallo de la Corte.
9.     Asimismo, como órgano político, la Corte debe prestar especial cuidado a la forma en que adopta sus decisiones y a la manera en que informa de las mismas a la opinión pública.
10.       En lo que hace al primer aspecto habría que decir que las circunstancias en las que se produjo la decisión de la Sala arrojan algunas dudas sobre su transparencia. No sabemos como se desarrollo la sesión privada previa a la sesión pública, pero el hecho de que la Ministra Sánchez Cordero haya leído el texto de las palabras que utilizó para desistirse de su propio proyecto de amparo para efectos y asumir el proyecto de amparo liso y llano del Ministro Zaldívar, rechazado el año pasado, propicia ciertamente suspicacias.
11.       En aras de una mayor transparencia y para que el fallo tuviera una amplia aceptación, hubiera sido preferible que se aprobara hace un año el proyecto de amparo liso y llano del ministro Zaldívar. Rechazado este, hubiera sido deseable que se aprobara un amparo para efectos que invalidara todas las evidencias viciadas y no dejara otro camino al tribunal inferior que decretar la liberación de la indiciada. No ignoramos, empero, que en ese proyecto de amparo probablemente no habría obtenido la mayoría de la sala y hubiera obligado a remitir el asunto al pleno, así como el hecho que la conformación del mismo no garantizaba la liberación de Cassez.
12.      En todo caso nos parece innegable que el fallo de la sala contiene un juicio implícito sobre la inocencia de Cassez; se le deja en libertad porque las evidencias presentadas por el Ministerio Público, debido a sus vicios de origen y a sus inconsistencias, no desvirtuaron la presunción de inocencia de la indiciada. ¿Por qué entonces la afirmación de la Ministra Sánchez Cordero y sus colegas en el sentido de que la sala no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez? Seguramente para que no se acusara a la Corte de examinar cuestiones de ilegalidad y no de mera constitucionalidad. De lo que no cabe duda es que esta explicación, que parecería indicar que la Corte se atuvo a un mero formalismo y no constató los efectos específicos sobre el proceso de la violación de los derechos de la indiciada, contribuyó decisivamente al rechazo de la opinión pública de la correspondiente sentencia.
13.       Lo que es inadmisible es que algunos medios aduzcan que la culpabilidad de la Señora Cassez estaba plenamente comprobada y pretendan linchar a los Ministros de la corte argumentando que se limitaron al examen de una cuestión formal. Más inadmisible es la postura de algunos abogados que en la misma línea pretenden ignorar que en un Estado de Derecho la única “verdad” es la que establecen, en última instancia, los tribunales correspondientes.
14.     Es innegable la premura con la que las autoridades penitenciarias procedieron a la liberación de Cassez. Igualmente, hubiera sido preferible que las autoridades migratorias del país procedieran a deportar a la francesa y no le hubieran permitido acogerse a un programa de retorno voluntario. Además, tampoco se produjo, quizá por falta de tiempo, una gestión diplomática eficaz tendiente a solicitar a las autoridades francesas un mínimo de discreción.